El Ministerio de Trabajo de España busca alcanzar un acuerdo con la patronal y los sindicatos para establecer la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026. Para lograr esta meta, resulta fundamental la flexibilización de la Ley de desindexación, que facilitaría trasladar dicho aumento a los contratos públicos; sin embargo, la decisión final recae en el Ministerio de Hacienda.
Recientemente, el Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales un incremento del SMI del 3,1 % para 2026, lo que implicaría un salario de 1.221 euros brutos. Esta propuesta contrasta significativamente con el 7,5 % que reclaman los sindicatos y el 1,5 % que ofrece la patronal.
A pesar de las diferencias, las partes están considerando la posibilidad de alcanzar un acuerdo en torno al incremento planteado. No obstante, la patronal ha condicionado su aceptación a la capacidad de trasladar el aumento salarial a los precios de los contratos públicos, un punto que ha sido reivindicado durante años y que cuenta con el apoyo de los sindicatos.
Para facilitar este proceso, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha manifestado su intención de «explorar» con el Ministerio de Hacienda «la posibilidad de relajar las reglas de desindexación».
Desde el Ministerio de Trabajo, se considera ilógico que las empresas no tengan la capacidad de trasladar la subida del SMI a los precios de licitación de los contratos públicos. Sin embargo, este asunto sigue dependiendo de la postura de Hacienda, que hasta ahora no ha mostrado señales de querer flexibilizar la desindexación.
La Ley de desindexación, en vigor desde 2015, desvincula la actualización automática de los precios públicos de referencias como la inflación. Este marco legal fue creado con el objetivo de aumentar la competitividad y ayudar a la recuperación económica tras la crisis financiera.
Un eventual cambio en esta legislación podría beneficiar a un sector que emplea a 1,5 millones de trabajadores y que representa el 2,25 % del PIB, según afirma la patronal alianzAS, que representa a empresas que prestan servicios a la administración pública en diversas áreas, incluyendo el mantenimiento de edificios y la atención a personas mayores y dependientes.
La patronal sostuvo que para sus empresas, el 90 % de los costes operativos son salarios. Por ello, cualquier incremento en el SMI tendría «un impacto inmediato y multiplicado» que no podría ser absorbido sin revisar las condiciones económicas de los contratos, muchos de los cuales son de larga duración.
El próximo viernes, el Ministerio de Trabajo volverá a reunirse con la patronal y los sindicatos, luego de que estos últimos hayan evaluado internamente la propuesta de subida del SMI.
La postura de la CEOE
La CEOE, la confederación de empresarios, argumenta que decisiones fuera de su control, como la subida del SMI, afectan negativamente la rentabilidad de las empresas licitadoras, que son las que asumen las consecuencias de decisiones que no generan coste alguno para el estado.
«Te invito a cenar, pero pagas tú», es la frase utilizada por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, para ilustrar la situación en la que las empresas se ven obligadas a aumentar los salarios sin tener la posibilidad de ajustar los precios de sus contratos públicos.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, mostró su apoyo a la reclamación de la patronal, enfatizando que en un país con un sector público transferido a la empresa privada, la imposibilidad de considerar aumentos salariales dificulta el cumplimiento de los convenios colectivos.
Asimismo, Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical de CCOO, consideró «sumamente relevante» cualquier cambio que garantice que los incrementos del SMI beneficien a todos los trabajadores y que se termine así con «una anomalía democrática» que afecta a los empleados de empresas que prestan servicios a las administraciones públicas.
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