Ciudad de México.- El Senado mexicano aprobó este miércoles la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que impone aranceles de entre 5 y 50 % a aproximadamente 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no existe un tratado comercial. Esta ley afectará a sectores como el textil, el aluminio y los plásticos a partir del 1 de enero de 2026.
La aprobación de la ley, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Esta minuta ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados y fue considerada como “urgente resolución”, sin reservas, siendo enviada al Ejecutivo Federal.
En un comunicado, el Senado destacó que la ley “busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado”, con el objetivo de evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado.
Medidas para corregir distorsiones comerciales
La nueva regulación impone aranceles a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el siderúrgico y los electrodomésticos, provenientes de países sin tratados comerciales que tengan una “participación significativa” en el flujo comercial del país. Principalmente se trata de países asiáticos como China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia.
Este proyecto se presenta como una “propuesta estratégica” para fortalecer la capacidad productiva del país, buscando corregir distorsiones comerciales, prácticas desleales y la alta dependencia de importaciones. Según el senador Emmanuel Reyes, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto permitirá implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia para los productos mexicanos.
Sin embargo, el senador opositor del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez, advirtió que “los aranceles por sí solos no garantizan el fortalecimiento industrial porque son temporales. Lo ideal es que exista una política integral que acompañe la reindustrialización y la sustitución de importaciones”.
China exige a México que retire los aranceles
Tras la aprobación de la ley, China expresó su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” para más de 1.400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región. Un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló que “las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China”, exhortando a México a colaborar con Pekín para “proteger conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales”.
Asimismo, el vocero recordó que el Ministerio abrió el mes pasado una investigación sobre barreras a la inversión contra México, indicando que estas pesquisas “prosiguen su curso”.
El comercio “seguirá de cerca la aplicación y el impacto” de los gravámenes mexicanos, aunque se reconoce que el paquete aprobado presenta tasas “reducidas hasta cierto punto” para ciertos componentes de automoción, productos industriales ligeros o textiles en comparación con la propuesta del mes pasado.
México se prepara para el futuro del T-MEC
Este giro proteccionista de México se produce en un contexto donde el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el próximo año, en medio de las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los productos afectados por la nueva ley representan cerca de 52.000 millones de dólares en importaciones, lo que equivale al 8,6 % del total nacional. De las 1.463 fracciones arancelarias afectadas, 706 corresponden a textiles, 249 a productos de hierro y acero, 94 a automóviles y partes, y 81 a plásticos.
Además, 316 de estas fracciones no están sujetas actualmente al pago de aranceles, mientras que el resto ya cuenta con tarifas vigentes. En concreto, 341 fracciones tienen un arancel del 35 % y 302 aplican una tasa del 10 %.
El Ejecutivo federal estima que esta reforma facilitará la protección de más de 320.000 empleos en riesgo, ubicados en regiones como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.
