El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado una propuesta de sanción de 3.600.000 euros contra Alquiler Seguro, tras constatar vulneraciones de los derechos de los consumidores. Esta acción se deriva de las denuncias realizadas por organizaciones como Facua, que han alertado sobre las irregularidades en las prácticas de esta empresa.
El ministro Pablo Bustinduy, quien se pronunció sobre el tema durante una rueda de prensa, enfatizó que su ministerio destinará sus recursos limitados a asegurar que ninguna empresa opere por encima de la ley en el mercado de la vivienda. Según Bustinduy, en los últimos años, se ha instaurado lo que él denomina la “ley de la selva”.
Situación de indefensión
En una entrevista emitida por TVE, Bustinduy destacó que los inquilinos afrontan una situación de indefensión, donde la búsqueda de vivienda se ha transformado en una competencia feroz. Esto ha generado abusos, así como la vulneración del derecho constitucional a una vivienda digna.
En marzo de este año, el Ministerio de Consumo inició un procedimiento sancionador contra Alquiler Seguro, luego de que Facua denunciara a la empresa por cobros irregulares a inquilinos y otras deficiencias. La propuesta de sanción ha entrado en la fase de valoración y se espera que se resuelva “en los próximos meses” una vez que las partes presenten sus alegaciones correspondientes, según informó Facua.
La resolución comunicada por el Ministerio a Facua enumera diversas irregularidades encontradas en los contratos de Alquiler Seguro. Entre ellas se incluye la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, que disfraza el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario. Además, se obliga a los inquilinos a contratar un seguro de hogar y a someterse a un estudio de solvencia económica, limitando su derecho de desistimiento del contrato. A su vez, se impone el pago de todos los gastos relacionados con posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Defiende congelación de precios de alquiler
En este contexto, el ministro ha abogado por la congelación de los precios de alquiler y por prorrogar los contratos existentes por tres años. Esto se debe a que en los próximos meses expiran alrededor de 300.000 contratos, una situación que genera inquietud en muchas familias que temen que, al renegociar, sus rentas puedan aumentar hasta un 30 % o un 40 %.
Asimismo, Bustinduy propone implementar medidas fiscales “muy gravosas” para quienes posean cuatro viviendas o más, y aboga por la prohibición de la compra especulativa de inmuebles en zonas de alta tensión inmobiliaria.
El Ministerio de Consumo mantiene diversas investigaciones contra plataformas de alquiler turístico, lo que ha llevado a Airbnb a retirar 65.000 anuncios de su plataforma. Booking también ha decidido eliminar 4.000 propiedades de su oferta a raíz de estas acciones. Además, se están investigando a empresas gestoras de pisos turísticos y a inmobiliarias por presuntas violaciones de los derechos de los inquilinos.
