Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del «escudo social» que esta semana se debate en el Congreso. Esta medida incluye, entre otras cosas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026.
El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, junto con otras medidas relacionadas con el «escudo social» y aspectos fiscales y empresariales. Sin embargo, se prevé que esta medida sea rechazada debido a la mayoría que suman el Partido Popular (PP), Vox y Junts.
Las movilizaciones continuarán
La manifestación fue convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La marcha partió de la plaza Antón Martín y finalizó en Sol, donde se leyó un manifiesto.
Durante la marcha, que se desarrolló sin incidentes, los asistentes corearon lemas como «ni gente sin casa, ni casas sin gente», «sin luz, sin gas, el rey tendría que estar», «no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social», «pensionistas y estudiantes, unidos y adelante» y «ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar».
Damián Rodríguez, portavoz estatal de COESPE en Madrid, señaló en declaraciones a los medios que las movilizaciones continuarán de «manera permanente» hasta que se dé luz verde al decreto. Además, lamentó que la derecha «no tiene ni corazón ni cabeza» y que su única preocupación parece ser acumular dinero.
En España, casi 4.500.000 personas pensionistas cobran menos de 1.000 euros al mes, y en su mayoría son mujeres. Rodríguez hizo un llamado para que «la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional». También hizo hincapié en que «el coste de la vida sube enormemente», especialmente en lo que se refiere a la vivienda. Si esta medida no se aprueba, miles de personas podrían acabar en la calle, lo que, según Rodríguez, provocaría «un estallido social incalculable».
Fernando de los Santos, portavoz del sindicato de inquilinas, subrayó la importancia de la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se votará esta semana en el Congreso y para asegurar la revalorización de las pensiones.
No al enfrentamiento
De los Santos también rechazó la imagen de conflicto que intenta presentar la política entre pensionistas y trabajadores. «Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento. Esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase», destacó.
A su juicio, la raíz del problema es la misma en el caso de las residencias de mayores y en los alquileres, puesto que «son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias».
El portavoz de CSI enfatizó que «cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales».
Ello pone de manifiesto la necesidad de una «revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios», recordando que más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año y que, si no se toman medidas, muchas personas podrían acabar en la calle.
