La Comisión Europea (CE) ha aprobado una propuesta para abrir la negociación de un nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. Esta información fue anunciada el pasado martes por el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, durante su comparecencia ante las Cortes españolas.
Kadis informó que se presentará un «mandato negociador», el cual deberá ser aprobado por los Gobiernos de los 27 Estados miembros de la UE para dar comienzo a las discusiones con Rabat sobre un nuevo convenio de pesca.
Intereses del Sahara Occidental
El comisario europeo destacó que este desarrollo es «muy importante» en las relaciones con Marruecos, especialmente después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que, hace un año, anuló tanto los convenios comerciales como pesqueros por contradecir los intereses del Sahara Occidental.
Kadis también mencionó el nuevo mandato negociador en una reunión que mantuvo con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de su comparecencia parlamentaria, según un comunicado del ministerio correspondiente.
Este movimiento para abrir conversaciones pesqueras con Marruecos fue confirmado por el comisario en respuesta al diputado Agustín Santos Maraver (Sumar), quien había preguntado sobre el acuerdo entre la UE y Marruecos, a raíz de la sentencia del Tribunal comunitario, y aludió también a las relaciones pesqueras del país magrebí con Rusia.
El acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos había sido considerado, durante muchos años, el protocolo de mayor valor diplomático en materia pesquera, permitiendo a buques de Galicia, Andalucía y Canarias faenar en aguas marroquíes.
A pesar de que el dictamen del Tribunal comunitario data de octubre de 2024, el acuerdo pesquero con Marruecos se encontraba suspendido desde 2023. El último protocolo pesquero había expirado en julio de 2023 e incluía la posibilidad de que 138 barcos de la UE, de los cuales 92 eran españoles, obtuvieran licencias para faenar. La mayoría de esos barcos provenía de Andalucía (47), seguidos de Canarias (38) y Galicia (7). Sin embargo, en el último periodo de vigencia del acuerdo, marcado por la pandemia de COVID-19, solo se estaban utilizando unas veinte licencias, según fuentes del sector.
